POLÍTICA DE DROGAS EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 – 2022 SECURITIZACIÓN DE LA AGENDA Y RETROCESO EN DERECHOS
Por: Alejandra Medina – Internacionalista
Juan Olmos – Historiador
Échele Cabeza
El Plan Nacional de Desarrollo – PND – de Iván Duque desconoce los planteamientos que el Ministerio de Salud publicó sobre la atención al tema de drogas en febrero de 2019, una muestra clara del retroceso en el enfoque de salud pública y derechos humanos que esta sufriendo actualmente nuestro país. La destinación presupuestal en políticas de drogas en Colombia está orientada a la seguridad y el control del narcotráfico; adicionalmente, la ausencia de indicadores y metas en el PND devela la intención de esta propuesta, que sin duda es un retroceso en materia de política de drogas y de derechos humanos.
Una pregunta que vale la pena formularse en este momento del gobierno del actual presidente de Colombia, Iván Duque, es: ¿Cuál será en definitiva el enfoque en políticas de drogas? Pues, es mucho lo que se ha especulado sobre este enfoque; desde su campaña presidencial hasta su actual forma de gobernar los mensajes han estado orientados a la criminalización del consumo:
En ese sentido, se esperaba que la llegada de Duque a la presidencia significara un cambio en el enfoque del consumo de drogas, pasando de una visión que empezaba a orientarse hacia un enfoque de salud y derechos humanos, para pasar a una visión del consumo de drogas como delito, adicción, tráfico y cárcel, es decir, se pasa de un enfoque de salud a un enfoque de seguridad.
Y efectivamente, así quedó reflejado enPlan Nacional de Desarrollo PND, documento que da línea a las políticas públicas de orden nacional que se desarrollarán durante el periodo de gobierno 2018 – 2022. A continuación, se hará un análisis de cuáles fueron los textos incluidos en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo (Documento técnico del Proyecto de Ley) en el Proyecto de Ley del Plan Nacional de Desarrollo, y cómo se ve afectada la reciente Resolución 089 del 2019 del Ministerio de Salud “Por la cual se adopta la Política Integral para la Prevención y Atención del Consumo de Sustancias Psicoactivas”.
¿Qué quedó en el PND respecto a políticas de drogas?
El PNDes un proyecto de ley, que define en su articulado las metas, indicadores y acciones a implementar durante el periodo de gobierno. Adicionalmente, se redactan las Bases del PND, que es un documento técnico que soporta el contenido del PND. A continuación, haremos un análisis de lo incluido por el Gobierno de Iván Duque:
Bases del Plan Nacional de Desarrollo
Las Bases del Plan Nacional de Desarrollo Pacto por Colombia, Pacto por la equidad,es un documento que contiene el diagnóstico de las diferentes problemáticas del país, así como los objetivos que se plantean cumplir durante el periodo de gobierno. Además de los objetivos y metas, en el documento también se presentan las estrategias que piensa implementar y los indicadores con los que pretende medir el gobierno su gestión pública. En este sentido, lo que no esté consignado allí es muy probable que no se ejecute, ya que no estaría priorizado, por lo que no contaría con una destinación presupuestal.
Ahora bien, ¿Dónde se incluyó el consumo de sustancias psicoactivas en las bases? El tema aparece en dos de los tres pactos principales: pacto por la legalidady pacto por la equidad, primando el enfoque en el primero en temas de seguridad, criminalidad, violencia, delito, penalización y persecución. En el segundo, el corazón de la política social dentro del texto, apenas si se menciona en términos de prevención. En detalle, podemos encontrar los siguientes enfoques:
- Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia.
En las bases, documento que reúne el diagnóstico del tema de drogas en Colombia, se ve claramente un enfoque relacionado con consumo = producción, lo que es un delito, de la misma gravedad que la trata de personas, el lavado de activos, la minería ilegal o el contrabando. Puntualmente, esto se ve en los criterios de anticipación y adaptación del Estado, donde se menciona: a. Capacidad de control institucional e intervención integral de los territorios con vacíos de institucionalidad, afectados por economías ilegales y la presencia de Grupos Armados Organizados (GAO), y se enfoca en: El acelerado crecimiento sin antecedentes de cultivos ilícitos, especialmente de coca, y la extracción ilícita de minerales sin control, otorgan a los GAO una fuente de financiación y de riqueza criminal que les ha permitido mantenerse y multiplicarse. En ese sentido, se evidencia que el problema de las drogas radica en los cultivos, su crecimiento, y a partir de ahí, la producción de drogas. A lo largo de los argumentos de diagnóstico se habla de la expansión de cultivos por las áreas de Parques Nacionales Naturales, y se afirma que para el año 2017, 16 de las 59 áreas protegidas registraban cultivos ilícitos.
Adicionalmente, el tema de drogas es mencionado en b. Otras economías ilegales, donde se reconoce que, de acuerdo con el estudio nacional de consumo en población escolar, realizado en 2016, “43 mil menores de edad consumieron éxtasis” y “64 mil adolescentes tomaron algún tranquilizante sin prescripción médica durante el año anterior (MJD, MSPS & UNODC, 2018, pp. 51-68). La oferta de éxtasis, NSP y medicamentos tranquilizantes es el resultado de complejos procesos ligados al narcotráfico, el contrabando de sustancias, el robo y la desviación de medicamentos. A su vez, tiene un impacto importante en el consumo problemático de drogas en menores de edad; es decir que sí se reconoce que existe un consumo de sustancias en Colombia, desde edad escolar, y por lo tanto se ofrece una atención integral de salud para infancia / adolescencia, visto desde la seguridad, ya que todo se enmarca en la relación infancia – adolescencia – consumo – delito; de tal forma que se desconoce el uso experimental u ocasional que se ha registrado en colegios públicos y privados del país, o los programas de educación en reducción de riesgos por consumo de sustancias en instituciones educativas, ya que los estudios realizados evidencian que es muy probable que el primer contacto con las drogas se haga en el entorno escolar.
Por otra parte, en los Objetivos y estrategias del pacto, se hace referencia en el Objetivo 3. Política integral de lucha contra las drogas (erradicación de cultivos, reducción de la disponibilidad, prevención del consumo y acción unificada), donde se define que El Gobierno aumentará las capacidades de detección, identificación y caracterización integral de las nuevas sustancias psicoactivas y las dinámicas sociales, económicas y criminales asociadas, con el fin de formular políticas para su contención en materia de reducción de la disponibilidad, prevención del consumo en población joven y reducción del daño causado por el consumo.
Para la erradicación de las zonas de miedo y la comercialización local de drogas en entornos priorizados: (1) el Gobierno nacional, en asocio con los entes territoriales, el sector privado y las comunidades afectadas por el fenómeno del microtráfico y la comercialización local de drogas (particularmente en entornos escolares y parques), formulará e implementará acciones integrales para el abordaje local de la problemática; y (2) las acciones de abordaje integral serán formuladas desde la perspectiva de la articulación para la acción unificada del Estado, la estabilización territorial, la seguridad y convivencia ciudadana, la intervención social para la reducción de la vulnerabilidad social y el seguimiento y evaluación de las acciones que se tomen.
Por lo anterior, las estrategias respecto a drogas estarán orientadas a la erradicación de cultivos y evitar su producción, tráfico y venta. Esto queda plasmado en el Plan Plurianual de Inversión (PPI), donde se detalla en qué se invertirán los recursos en el año, y para este gobierno se define invertir 43 mil millones de pesos en solución al problema de drogas, distribuidos así:
| Punto / Pilar | Miles de millones de pesos de 2018 |
| 4. Solución al problema de las drogas | 43 |
| 4.1 Programa Nacional integral de sustitución de cultivos de uso ilícito | 40 |
| 4.2 Prevención del consumo y salud pública | 3 |
Fuente: Elaboración propia extraído de PND, 2019.
Es evidente que los recursos se destinarán a la sustitución de cultivos, que para este gobierno significa aspersión de glifosato, política que el presidente Duque y su gabinete defienden, desconociendo los estudios que demuestran la afectación sobre los ecosistemas y la afectación en las personas y animales. En recientes declaraciones el Presidente Duque ha defendido el uso de glifosato y pide modificar las normas para poderlo utilizar masivamente, (Caracol, 2019) por su parte el Ministro de Defensa de Colombia, Guillermo Botero, dice:“No he conocido un mejor herbicida que el glifosato”. (El tiempo, 2018).
- Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados.
En las bases, el “Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados” contiene gran parte de lo que será la política social de la administración Duque. En salud se hace énfasis en la calidad, la eficiencia y la sostenibilidad financiera del sistema de salud. Respecto a SPA, la prioridad en salud pública se concentra en un enfoque de prevención del consumo en menores de edad. ¿Dónde queda el enfoque de salud pública y de derechos humanos para los consumidores mayores de edad? ¿Dónde queda la calidad, el acceso a la salud y la integralidad ya reconocida para los diferentes tipos de consumidores? Desaparecieron los enfoques de riesgo diferenciado tanto de grupos poblacionales, de sustancias y de tipos de consumo.
El pasado Plan Nacional de Desarrollo contemplaba un pequeño avance a partir de la inclusión de la “prevención y atención del consumo problemático de sustancias psicoactivas desde la perspectiva de salud pública” en el que como mínimo se había logrado por un lado hablar de consumos problemáticos, como uno de los tipos de consumo y por otro lado la “reducción de riesgos y daños con el fin de prevenir las afectaciones de los consumidores de sustancias psicoactivas que no tienen la voluntad o la capacidad para dejar el uso de drogas” (PND, 2014, p.421). Sin embargo, el actual plan retrocede en políticas y en reconocimiento de derechos; reduciendo la agenda de las “drogas” principalmente en combatir la oferta en el marco de la política de defensa y seguridad; y del lado de la demanda, prevenir el consumo de menores de edad.
Aún cuando el gobierno se abandera de la salud como un tema prioritario dentro de su administración, se evidencia la voluntad política de concentrarse solo en la reducción de gastos y en el saneamiento de la deuda del sector. Es decir, una reforma al sistema de salud más no una política orientada a garantizar la salud de la población. Mientras que, la reducción del daño en el consumo de sustancias psicoactivas pierde el terreno ganado no solo a nivel nacional, sino a nivel regional.
Proyecto de Ley de Plan Nacional de Desarrollo
El Proyecto de Ley es la materialización de ese documento en una Ley; es decir, propuestas que son debatidas, modificadas y aprobadas por el Congreso.
En medio de la crisis de gobernabilidad del gobierno Duque y el alto porcentaje de desaprobación de todo su gabinete ministerial; el pasado 7 de febrero fue radicado ante el Congreso el Proyecto de Ley de Plan Nacional de Desarrollo. Documento que guiará el actuar del ejecutivo, la destinación de su presupuesto y la expedición de decretos y resoluciones en los siguientes cuatro años.
Ahora bien, el proyecto, que en este momento se debate en el Congreso por las comisiones económicas conjuntas de Cámara y Senado, ya es objeto de varias críticas y comentarios. Por ejemplo, hay una desarticulación entre bases y proyecto de ley lo que demuestra altos riesgos en el momento de la implementación de cualquier tema. Otra de las críticas ha sido que, si bien el plan viene construyéndose desde noviembre del año pasado con la participación de diferentes sectores y territorios, muy pocas propuestas han sido incluidas en el documento, entre ellas, el enfoque de reducción del daño en salud pública.
Frente al proyecto de ley, que contará con la participación de los diferentes sectores políticos representados en el Congreso, el tema de sustancias psicoactivas, como muchos otros temas en salud, ni siquiera serán discutidos. Toda vez que el articulado, no da paso ni siquiera a pensarse en términos de política pública y prioridades en salud. El tema ni siquiera entra en la agenda de discusión, quizá el debate apenas se tocará desde una perspectiva de erradicación de cultivos ilícitos y narcotráfico, muy en la línea del Plan Colombia de más de dos décadas de fracasos.
Puntualmente, en el texto de articulado de proyecto de ley se propone:
SECCIÓN III.
PACTO POR LA EQUIDAD: POLÍTICA SOCIAL MODERNA CENTRADA EN LA FAMILIA, EFICIENTE, DE CALIDAD Y CONECTADA A MERCADOS
SUBSECCIÓN 3.
EQUIDAD PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
121º. POLÍTICA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA. Modifíquese el literal a) del artículo 82 de la Ley 1753 de 2015, el cual quedará así:
ARTÍCULO
- 1. a) Formulación e implementación de rutas integrales de atención que articulen y armonicen la oferta pública y privada, incluyendo las relacionadas con prevención de la violencia juvenil y el consumo de sustancias psicoactivas y estupefacientes.
Anteriormente, ese artículo estaba enfocado exclusivamente en la prevención del delito, es decir que se reconoce ahora el consumo de sustancias psicoactivas en menores y adolescentes como un problema de violencia y delito, exclusivamente.
El próximo 19 de marzo la Comisión Séptima del Senado volverá a sesionar para debatir proyectos de ley de gran importancia, entre esos seguir con los temas relacionados con salud.
¿Cómo se ve afectada la Resolución 089 del 2019 del Ministerio de Salud “Por la cual se adopta la Política Integral para la Prevención y Atención del Consumo de Sustancias Psicoactivas”?
Ahora, en enero de 2019 fue publicada la Resolución 089 del Ministerio de Salud “Por la cual se adopta la Política Integral para la Prevención y Atención del Consumo de Sustancias Psicoactivas” la cual incluye, como parte del “tratamiento integral”, el “desarrollo de estrategias de prevención selectiva e indicada para consumidores no problemáticos orientadas a la reducción de daños asociados al consumo de sustancias psicoactivas” (Ministerio de Salud, 2019, p.22).
A pesar de que la resolución no reconoce la reducción de daños como enfoque en sí mismo, sino como parte de la estrategia de prevención; el ministerio genera unos compromisos en temas como: reducción del daño para personas en situación de vulnerabilidad con énfasis en inyectables y bazuco, así como programas de mantenimiento con metadona. Así mismo, hace un llamado a emprender acciones de prevención selectiva e indicada para consumidores no problemáticos orientada a la reducción de riesgos y daños. Son mínimos los establecidos dentro de la política pública del ministerio, y en este sentido, ante la ausencia de voluntad política, es deber de los ciudadanos participar para presionar el cumplimiento de los mínimos establecidos en la resolución y los derechos ya reconocidos en cuanto al consumo que en un Estado de Derecho deberían garantizarse y ampliarse; no reducirse o desconocerse.
Sin embargo, el Plan Nacional de Desarrollo, no guarda ninguna relación con la presente resolución, publicada tan solo dos meses antes del documento del PND, lo que demuestra una desarticulación entre los ministerios, así como la total ausencia de voluntad política para implementar dicha resolución. Esto, porque la falta de presupuesto en el sector salud para abordar el tema de drogas, y la exclusión del tema dentro del Plan Nacional de Desarrollo, sus metas e indicadores, desplaza por completo el tema dentro de la agenda del Ministerio de Salud, dando paso a otras entidades a abordar la problemática desde otros enfoques y por supuesto con otras competencias lejanas a la salud y los derechos humanos, como pueden ser el Ministerio de Defensa.
El gran desafío que enfrentará la ejecución de esta resolución es que no hay ninguna meta, ningún indicador asociado al consumo de sustancias psicoactivas, ni ningún enfoque para ser tratado desde la salud pública. En este sentido, lo que no se traduzca en logros, presupuestos y metas para mostrar al final del periodo, no representan prioridades de los ministerios ni del gobierno central.
CONCLUSIONES
- La Política de drogas del Presidente Duque estará liderada por el Ministerio de Defensa, en compañía del Ministerio de Justicia, con un enfoque y dirección de recursos a la erradicación de cultivos ilícitos y detención de la producción de drogas, es decir, volvimos a la fracasada guerra contra las drogas que tanto impulsó el Expresidente Uribe, con inversiones de recurso muy altas y tan malos resultados.
- El nombre de Política Integral de lucha contra las drogas, de integral solo tiene el nombre, pues en ella ni siquiera se asignan funciones, metas ni presupuestos al Ministerio de Salud para un enfoque de salud pública y reducción de riesgos, ni se tuvo en cuenta la resolución 089 de 2019 del Ministerio de Salud.
- El enfoque de prohibicionismo, seguridad y persecución del consumidor serán las constantes, dejando relegados enfoques en salud de política pública de consumo de sustancias psicoactivas; desatendiendo las realidades, los resultados de los estudios y la tendencia internacional de políticas de drogas y derechos humanos.
- Hay un retroceso en reconocimiento de derechos humanos de los usuarios de sustancias psicoactivas, ahora se verán como delincuentes, similares a los que tratan personas, realizan minería ilegal o están vinculadas al contrabando.
- Queda en manos de la ciudadanía reivindicar los derechos humanos y las libertades que ya se habían reconocido, y demostrar que no todos los usuarios de sustancias psicoactivas son delincuentes, enfermos o habitantes de calle, sino que el consumo recreativo o no problemático también es una realidad, y que las drogas existen, existirán y no dejaremos de usarlas.
REFERENCIAS
Caracol Radio. (7 de marzo de 2019) Fiscalía y Mindefensa piden regreso del glifosato. Recuperado de: http://caracol.com.co/radio/2019/03/07/judicial/1551986713_648421.html
El Espectador. (23 de septiembre de 2018). Los pilares de Duque en su política antidrogas. Recuperado de: https://www.elespectador.com/noticias/politica/los-pilares-de-duque-en-su-politica-antidrogas-articulo-813919
El Tiempo. (29 de agosto de 2018). En el Congreso, Ministro de Defensa defendió el uso del glifosato. Recuperado de: https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/ministro-de-defensa-botero-defiende-el-uso-del-glifosato-261912
Ministerio de Salud y Protección Social. (enero 2019). Resolución 089 del 2019. Por la cual se adopta la Política Integral para la prevención y atención del Consumo de Sustancias Psicoactivas.
Plan Nacional de Desarrollo. (febrero 2019). Pacto por Colombia, Pacto por la equidad 2019-2022.