Por segunda vez en menos de cinco meses, la cuenta de Instagram de nuestro proyecto Échele Cabeza fue inhabilitada. Esta vez, el 19 de mayo de 2025, Meta decidió suspender nuestra cuenta @echelecabeza, un espacio digital que, durante más de una década, ha sido una herramienta para compartir información basada en evidencia sobre sustancias psicoactivas, autocuidado, participación, investigación, política y salud pública.
¿La razón? Una publicación del 23 de octubre de 2022, en la que pedíamos a un medio de comunicación verificar su información sobre drogas. Dos años después, esa publicación fue usada como justificación para restringirnos. No es un hecho aislado: hace cinco meses, otra suspensión que presumimos, porque ese proceso tampoco fue claro, se produjo tras compartir un video educativo de un evento académico sobre cannabis regulado.Ambas publicaciones tenían algo en común: su carácter educativo, su sustento técnico y su vocación de defensa del derecho a la información. Al final, nuestra apuesta por la reforma a la política de drogas.
Actualmente, estamos en proceso de apelación. Instagram ha indicado que, si determina que nuestra cuenta cumple con las Normas comunitarias, será restablecida. De lo contrario, la inhabilitación será definitiva, sin posibilidad de apelar nuevamente. Sin embargo, ese “proceso de apelación” consistió únicamente en presionar un botón. No permitió contextualizar, argumentar o justificar el propósito de nuestras publicaciones, ni explicar el enfoque de derechos humanos y salud pública que sustenta nuestro trabajo. Esperamos que se apliquen criterios objetivos, pero no hay garantías claras, ni acceso a canales de diálogo o solicitud de explicaciones.
Esta sistematicidad no puede seguir siendo ignorada, no es nueva ni aislada. Hemos detectado una sistematicidad preocupante en la imposición de restricciones a nuestro contenido, con una falta absoluta de proporcionalidad y transparencia. Una sanción tras otra, sin notificación precisa, sin oportunidad de réplica, y con consecuencias directas sobre nuestra capacidad para interactuar con nuestra comunidad, realizar lives, responder mensajes o pautar información de interés público. La desproporción de las medidas —desde la eliminación de contenido hasta la suspensión completa de la cuenta— ha generado desgaste, incertidumbre, restricciones a nuestra interacción con la comunidad, y barreras a la libertad de expresión.
Además, no existe un canal claro para apelar ni para entender el proceso de moderación. No sabemos si fue una decisión algorítmica, si hubo revisión humana, ni si se están aplicando criterios coherentes. Tampoco fuimos notificados adecuadamente. Esta falta de transparencia nos deja con poca claridad sobre la posibilidad real de defensa ni de reparación.
Las redes sociales empiezan a mostrar que no están a la altura de los cambios sociales, que aquello que empezó como un espacio joven de innovación y rebeldía hacia las formas de comunicación tradicionales, hoy se alinean con las formas más anticuadas y autoritarias para la regulación unidireccional mientras quienes siguen promoviendo mensajes de odio y actuaciones ilegales superan fácilmente sus moderaciones promoviendo todo tipo de actos ilegales a través de las plataformas que tanto cuidan. No podemos cambiar el mundo si no nos permiten hablar de él de frente y honestamente. Las redes sociales no están a la altura del momento histórico.
Con nuestra más reciente publicación Cómo las plataformas afectan el acceso a la información sobre drogas, donde denunciamos lo ocurrido, recibimos cientos de mensajes de respaldo que confirman que no somos la única organización afectada. Proyectos de salud pública, colectivos comunitarios, liderazgos sociales y otras iniciativas enfrentan situaciones similares. Esto confirma que el problema es estructural: no se trata solo de nosotros, sino muchas otras luchas sociales, ambientales y comunitarias que encuentran en las plataformas digitales una forma legítima de ejercer derechos y disputar narrativas por el cambio social.
El impacto no es menor: estamos hablando de derechos fundamentales, especialmente en contextos donde el acceso a servicios es limitado y donde la narrativa prohibicionista busca recuperar terreno. Lo que está en juego no es un perfil de Instagram, sino la posibilidad de informar, educar y participar en debates públicos sobre temas fundamentales como la política de drogas y la salud comunitaria.
Entendemos el espíritu de las Normas Comunitarias, especialmente en la lucha contra discursos de odio, violencia o desinformación peligrosa. Pero sin criterios proporcionales, mecanismos de apelación reales, transparencia y un enfoque de derechos humanos, estas políticas se convierten en herramientas de censura privada, que silencian causas sociales legítimas y necesarias.
Por todo esto, hoy queremos invitar a colectivas, liderazgos y organizaciones que hayan vivido situaciones similares a llenar este formulario. No es solo para documentar, sino para empezar a articularnos, exigir garantías mínimas de transparencia, y defender nuestro derecho a estar, compartir y existir en lo digital. No será un camino fácil y es algo que no depende de nosotrxs como organización, pero es necesaria la unión.
Desesperadas, sí. Pero no rendidas. Seguiremos ocupando los espacios de debate con evidencia, convicción y justicia social. Seguimos buscando caminos. Porque la reducción de daños también necesita libertad de expresión. Porque la reforma a la política de drogas también se juega en lo digital.
