El impacto desproporcionado de la guerra contra las drogas en las mujeres en Colombia: Un llamado hacia reformas en la justicia y la reducción de daños

Articulo de Opinión:

Juliana Angarita, Alejandra Medina, Juliana Acuña

 Échele Cabeza

En Colombia, de acuerdo al estudio realizado por el Comité Internacional de la Cruz Roja en 2018: Mujeres y Prisión en Colombia, desafíos para la política criminal desde un enfoque de género muestra que el 45% de las mujeres encarceladas responden por delitos de tráfico, porte o fabricación de estupefacientes. Dentro de estas, el 44% se dedicaba a la venta, el 41% al transporte y el 16% al almacenamiento de drogas. Sin embargo, estas mujeres suelen ocupar posiciones de baja jerarquía dentro de la cadena del narcotráfico, como cultivadoras, recolectoras, o vendedoras al menudeo, y no suelen ser protagonistas ni cometer delitos con violencia​.

Actualmente, existe un fuerte desbalance entre los elementos subjetivos y objetivos considerados en la toma de decisiones frente a estos casos. Los castigos impuestos a las mujeres son frecuentemente más severos que los aplicados a los hombres, y se les otorga menos beneficios. Además, carecemos de una tipificación de delitos respecto a las fases del narcotráfico. Por ende, muchas mujeres son condenadas por una única conducta tipificada, como el porte o la comercialización, aunque el tipo penal sea único, lo que resulta en una falta de distinción en la imposición de las penas.

Debido al desconocimiento del derecho penal y la escasa información sobre sus derechos, muchas mujeres no pueden acceder a los beneficios legales o tienen falsas expectativas sobre su libertad. Hombres y mujeres experimentan diferencias significativas en el mercado de drogas y las políticas de encarcelamiento que derivan de este. En general, las mujeres encarceladas por delitos relacionados con las drogas sufren cargas e impactos desproporcionados que las colocan en posiciones particularmente vulnerables. Estos impactos desproporcionados se explican por los roles, tareas y posiciones sociales asignados a las mujeres tanto en el mercado de drogas como en la sociedad en general.

Un ejemplo claro es que las mujeres que actúan como correos humanos en el mercado de drogas a menudo enfrentan consecuencias legales mucho más graves que los cabecillas. Estos últimos, además, tienen mayores recursos para obtener una defensa efectiva o asegurarse otros beneficios judiciales mediante su poder e influencia. En contraste, las mujeres involucradas en actividades menores suelen recurrir a sistemas de defensa pública, sin ningún otro respaldo, lo que resulta en sanciones penales más severas debido a las deficiencias en dichos sistemas.

Es común que las mujeres que cumplen condenas por delitos de narcotráfico sean mujeres pobres que son cabeza de familia, con pocas oportunidades de empleo en condiciones favorables. Sin una educación adecuada, los trabajos a los que pueden acceder son precarios o mal remunerados. Estas vulnerabilidades las convierten en blancos funcionales para las redes criminales del narcotráfico, que se aprovechan de sus necesidades urgentes para involucrarlas en actividades de baja remuneración, pero alto riesgo, sin que los líderes de la organización corran peligro.

Los roles que las mujeres desempeñan dentro de las organizaciones de narcotráfico mayormente se limitan a ser correos humanos, conocidos popularmente como mulas, microtraficantes, cultivadoras de plantas, intermediarias en el intercambio de mercancías, encargadas de bodegas, transmisoras de mensajes y, en último lugar, consumidoras.

Se ha observado que lo que motiva a muchas mujeres a participar en estas actividades es la solidaridad obediente, una figura impuesta por la cultura patriarcal en la que el sacrificio personal en beneficio de otros se considera naturalmente femenino. Por lo tanto, una mujer valorada por la sociedad es aquella que se sacrifica por los demás.

Muchas mujeres comienzan a consumir drogas antes de ingresar a la cárcel, mientras que otras empiezan dentro de los centros penitenciarios debido al estrés o la ansiedad. Según el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Ministerio de Justicia: Caracterización de condiciones socioeconómicas de mujeres relacionadas con problemas de drogas: Las mujeres privadas de la libertad por delitos de drogas realizado entre el año 2019, se encontró que el 52,79% de las mujeres ya eran consumidoras antes del ingreso, el 38,64% manifestó consumir para sobrellevar la pena, el 3,21% lo hacía por estrés y el 1,78% debido a la influencia de sus compañeras. Solo el 11,19% inició su consumo al entrar a prisión, y el 59,13% afirmó no consumir ningún tipo de sustancias psicoactivas.

Resulta preocupante el consumo dentro de los establecimientos penitenciarios, ya que las mujeres recurren a este, debido a la falta de alternativas para enfrentar la incertidumbre sobre su futuro y la duración de su condena. La falta de apoyo emocional y de redes de apoyo proporcionadas por las instituciones penitenciarias lleva a muchas mujeres a buscar en el consumo una vía de escape o alivio para su situación.

Es evidente que hace falta un enfoque más integral en la reducción de riesgos y daños, que garantice el bienestar y los derechos de las mujeres privadas de libertad. Además, se necesita una provisión adecuada de servicios psicológicos que también incluyan a los familiares en los procesos y aborden las sensaciones de ansiedad, estrés e incluso ideación suicida entre las reclusas.

Instamos a adoptar y aplicar efectivamente penas alternativas para mujeres involucradas en delitos menores relacionados con drogas. Esto implica sanciones proporcionales que reconozcan los roles menores de las mujeres en estas redes criminales, enfocándose en la reintegración social en lugar de la simple penalización. Por esto, hacemos un llamado a impulsar la implementación plena de la Ley de Utilidad Pública en Colombia.